LA LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE ANIMALES POR SUPERFICIE COMO ATENTADO CONTRA EL DERECHO DE PROPIEDAD

Una primera observación nos hace reflexionar sobre la competencia que tendrían las Municipalidades para limitar el número de animales que pueden mantenerse dentro de una propiedad.

El Código Sanitario, en su artículo 77, entrega esta atribución a un Reglamento de carácter sanitario, reglamento que hasta la fecha no se ha dictado.

Claramente se ha entregado, entonces, la atribución de fijar el número máximo de animales a un reglamento, es decir, un conjunto sistemático de normas jurídicas de carácter general y obligatorio emanada del Poder Ejecutivo en uso de su potestad reglamentaria para dar aplicación a las leyes o para el ejercicio de sus atribuciones.

Carece, entonces, una determinada Municipalidad de tal atribución, no pudiendo considerarse que la sola referencia a que las Municipalidades podrán desarrollar funciones relacionadas con la salud pública y la protección del medio ambiente (artículo 4o letra b de la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades), pueda superponerse sobre lo establecido por ley. Lo contrario sería aceptar que las municipalidades –en aras de facultades del todo genéricas– puedan crear dentro de su comuna un verdadero Estado jurídico propio en materias de trascendencia nacional como lo son la mantención de la salud, la educación y la cultura, el transporte y tránsito públicos, etc.

Recordemos en esta materia, que en virtud del principio de legalidad, los órganos del Estado sólo pueden actuar válidamente dentro de su competencia, bajo sanción de nulidad de derecho público. Es decir, una Municipalidad no podrá entonces invadir la competencia de otros servicios públicos, mediante una simple ordenanza municipal –de aplicación local– pues con ello se encuentra vulnerando flagrantemente la Constitución.

En esta materia no se discute –claro está– la facultad que tienen estas corporaciones para dictar resoluciones de carácter general dentro de la comuna, pero esta facultad está limitada en dos aspectos: en cuanto a materias de su competencia y en cuanto estas materias no estén reguladas por ley y no sean de competencia de otros órganos de la Administración.

Entrando derechamente a la limitación establecida –ilegalmente como se ha dicho– por la Municipalidad de Pucón, cabe hacer algunas consideraciones sobre el límite establecido en forma proporcional a la superficie de terreno:

Por una parte, resulta ser sin duda arbitrario, toda vez que no parece lógico ni fundado en establecer cierto número de metros cuadrados que habiliten para poseer un perro. ¿Por qué no 100 o tal vez 1.000 metros cuadrados? No existe consideración alguna al respecto. Un perro puede tener variedad de tamaños y pesos y no aparece justificada la proporción. Es decir, tal limitación se debe al solo capricho del redactor de dicha Ordenanza.

Por otra parte, es discriminatorio, toda vez que –como en la antigüedad– depende de la superficie del terreno de que se es propietario, favoreciendo sin lugar a dudas a quienes poseen mayores extensiones de terrenos, contra quienes no poseen dicha extensión mínima. Ninguna vivienda social de este país podría contar jamás con perros, animales de gran compañía para quienes sufren necesidad económica o afectiva.

Por último, vemos claramente con dicha limitación una vulneración al derecho de propiedad.

En efecto, el Código Civil –recordemos– establece que los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Las cosas corporales pueden ser muebles o inmuebles. El artículo 567 del Código citado califica de cosas muebles a los animales. Por su parte, se establece que las cosas incorporales son derechos reales o personales, señalándose que sobre éstas existe una especie de propiedad.

El artículo 19 No 24 de la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, agregando más adelante que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.

La garantía constitucional tiene un carácter amplio, y en materia proteccional así ha sido reconocido por la jurisprudencia, extendiendo ampliamente el objeto protegido como las facultades del dominio. Así, se han acogido acciones sobre el derecho incorporal a la imagen, a la educación, al cargo público, e incluso sobre el derecho a ver una determinada señal de televisión.

Al limitar la Ordenanza impugnada el número de mascotas ha perturbado y privado el derecho de propiedad de los dueños de mascotas, tanto de quienes no alcanzan a la superficie mínima para poseer un perro como para quienes teniendo la superficie, poseen más de uno. Por su parte, se amenaza, perturba y priva del derecho que se tiene a poseer mascotas.

Sabido es que –en la opinión de muchas personas– los animales contribuyen al enriquecimiento espiritual de la comunidad. Con ellos, los niños aprenden valores como la amistad, la lealtad, el respeto, debiendo considerarse además que el perro, desde tiempos inmemoriales, es considerado fiel compañero del hombre. El Estado, tal como lo reconoce la Constitución Política de la República en su artículo 1o, tiene por fin el bien común, debiendo así contribuir a crear las condiciones sociales y culturales que permitan a la población su mayor realización espiritual y material posible, objetivos a los que no contribuye la aplicación de esta Ordenanza.

La Corte de Temuco, en sentencia pronunciada con fecha 30 de enero del 2001, acogió en parte nuestro planteamiento al señalar en su considerando tercero que significa una limitación a la facultad de adquirir el dominio de uno o más perros y sabido es que el No 24 de la Carta Fundamental expresa a la letra que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.

LA EXIGENCIA DE PLACA O PATENTE ¿FACULTAD MUNICIPAL, ILEGALIDAD O LIMITACIÓN AL DOMINIO

En relación a la exigencia de una placa y pago de arancel, cabe señalar en esta parte que los impuestos sólo pueden ser establecidos por ley (artículo 60 N° 14 de la Constitución Política de la República). La Constitución señala que todos los tributos ingresarán al patrimonio de la nación y excepcionalmente, y dentro de los marcos que establezca la misma ley, podrá autorizar que los tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación local puedan ser establecidos por autoridades comunales y destinados a obras de desarrollo comunal. En materia municipal, la ley orgánica respectiva N° 18.695 de 1988 autoriza a las Municipalidades a cobrar determinados tributos que se relacionan con servicios y autorizaciones que se conceden dentro de la comuna respectiva, como los derechos y las licencias.

La licencia o patente de circulación de animales domésticos no se asemeja a ninguno de los tributos establecidos por la Ley Orgánica de Municipalidades o por la Ley de Rentas Municipales.
Así lo ha reconocido la Corte de Apelaciones de Valparaíso en sentencia de fecha 13 de enero de 1999, la que declaró que la exigencia de cobro de licencia para tenencia de animales, en cuanto impone el pago de un arancel anual, constituye un verdadero tributo no contemplado dentro de los autorizados cobrar a las municipalidades, Corte que ordenó además anular la Ordenanza respectiva en lo pertinente. (Rol No 513-98 Reclamo de ilegalidad, Cortés Nieme con Municipalidad de El Quisco).

La Corte de Temuco, por su parte, no se pronunció sobre la legalidad o ilegalidad del establecimiento de este tributo por considerar que no estaba protegido por la acción de protección, pero su aplicación respecto a determinados bienes puede ser considerado como una perturbación el ejercicio del derecho de propiedad que se tiene respecto a ese bien. En forma que, si se cobra una cantidad por el hecho de tener un perro, se está perturbando en alguna forma el legítimo ejercicio del derecho de propiedad sobre los perros (Considerando 8o).

Así, tal cobro de patente es considerado por la Corte de Apelaciones de Temuco como una perturbación al derecho de propiedad, garantizado éste por la Constitución y protegido por esta acción.